Madrid declara su ‘rechazo frontal’ a las medidas de Trump, entre ellas ‘la reactivación de la Ley Helms-Burton’.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España convocó este viernes al embajador de EEUU, Richard Duke Buchan III, para transmitirle el «rechazo frontal» del Gobierno español a los aranceles anunciados por Washington sobre productos europeos.

El Gobierno español dio este paso tras una serie de agravios que «se suman a una lista de medidas adoptadas por la Administración norteamericana en el último año contra intereses españoles y europeos, como los aranceles al acero y aluminio, la reactivación de la Ley Helms-Burton, contraviniendo el derecho internacional, o la imposición de sanciones a las aceitunas negras españolas», dice un anuncio de La Moncloa, hecho público en Madrid.

Las medidas proteccionistas propuestas por el Ejecutivo de Donald Trump, que entrarán en vigor a partir del próximo 18 de octubre, afectan especialmente a productos españoles como el el vino, el aceite o el queso, cuyas ventas a EEUU suman casi 1.000 millones de dólares anuales, indicó el diario El País.

La convocatoria del embajador, que ha sido recibido la mañana de este viernes por el secretario de Estado para la Unión Europea, Marco Aguiriano, es una de las fórmulas de protesta diplomática más firmes que haya hecho España ante estas sanciones.

En los últimos años, ese mecanismo ha sido habitual con el representante en Madrid del Reino Unido, o el de Venezuela, a propósito del contencioso de Gibraltar o de la falta de respeto a los derechos humanos por parte del régimen de Maduro, respectivamente, aunque resulta del todo inusual con el embajador de Washington.

No obstante, el Gobierno español aún confía en que, en las próximas semanas, «la Administración norteamericana entienda que un acuerdo es necesario para evitar dañar el espíritu de colaboración y entendimiento que caracteriza las relaciones bilaterales en todos los ámbitos».

Pero también advierte que reaccionará de forma «inmediata» y con «firmeza y claridad» para defender los intereses de España si EEUU rechaza la oferta de diálogo. «Se activarán todas las medidas legales a su alcance, dentro del marco multilateral y en estrecha coordinación con la Comisión Europea en todos los ámbitos», subrayó el Gobierno.

Para Madrid resulta especialmente doloroso que la Administración Trump castigue con aranceles del 25% a los productos agroalimentarios españoles por un contencioso que afecta a la industria aeronaútica y que de estas represalias se libren socios europeos, como Italia y Grecia, que compiten directamente con España por el mercado estadounidense.

El titular de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, dijo que la imposición de sanciones afectaría «muy significativamente» a los productos del campo español y consideró de «inaceptables» los aranceles sobre productos del sector agroalimentario español. 

En total, los productos españoles afectados por las medidas proteccionistas de Trump se exportaron a EEUU por valor de más de 930 millones de euros el año pasado.

Las nuevas medidas proteccionistas de Washington tienen cuatro destinatarios claros: Alemania, Francia, Reino Unido y España. Son los países que dieron las ayudas declaradas ilegales por Washington a Airbus que han dado pie al veredicto de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que legitima la decisión de Donald Trump de imponer sanciones comerciales a estos países por valor de 6.900 millones de euros.

España ha repudiado al más alto nivel la activación de la Helms-Burton, que amenaza a sus intereses en Cuba. En agosto pasado, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo español organizó una reunión con varias empresas del país afectadas por la medida para analizar el impacto de la ley.

Entre las asistentes se encontraban la aerolínea Iberia, las hoteleras Meliá e Iberostar y la tecnológica Amadeus, así como representantes sindicales empresariales y de las cámaras de comercio.

La normativa, activada hace unos meses, abrió la puerta a reclamaciones millonarias a las empresas extranjeras que operan en Cuba y que obtienen dividendos de propiedades confiscadas por La Habana tras la llegada al poder de Fidel Castro en 1959.

Durante el encuentro, que duró cerca de dos horas, representantes de los ministerios de Turismo, Exteriores y Justicia expusieron a los asistentes los diferentes escenarios en los que estaba trabajando el Gobierno y que incluyen la solicitud a un despacho de abogados norteamericano de un análisis de la situación, así como la petición a la Organización Mundial del Comercio (OMC) de la creación de un grupo de expertos.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo confirmó al diario El Confidencial la creación de un grupo de seguimiento «integrado por altos cargos de cada uno de los departamentos», que servirían para concretar una línea general de trabajo en junio, cuando la ministra del ramo, Reyes Maroto, viajó a Cuba para mandar un mensaje de tranquilidad a los empresarios españoles presentes en la Isla.

(Tomado de Diario de Cuba)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *